El 10 de octubre de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una normativa propuesta que cambiaría drásticamente la forma en la que los funcionarios de inmigración procesan las solicitudes para cambiar un estatus o extender un viaje. Junto con otros elementos, la normativa penaliza a los inmigrantes que reciben beneficios públicos, y obliga a las familias de estatus mixto a escoger entre estatus legal o necesidades básicas. Esta propuesta es apenas otro ejemplo desgarrador de la crueldad demostrada por parte de esta administración hacia las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Le pido encarecidamente al Departamento de Seguridad Nacional que anule esta propuesta y mantenga la política actual delineada en la “Guía de Campo relativa a Deportación en Inadmisibilidad sobre las bases de Carga Pública, 64 FR 28689”, publicada por primera vez el 26 de marzo de 1999.
El condado de Miami-Dade, especialmente el Distrito 5, es conocido por tener a varias comunidades increíbles y muy unidas integradas por personas que han escapado el conflicto y la violencia en sus países. Para las familias cubanas, nicaragüenses, hondureñas, y venezolanas que encontraron refugio en nuestra tierra, regresar a casa sería una pesadilla hecha realidad, y en vez de ayudar a nuestros vecinos inmigrantes, esta norma fomenta un dramático efecto escalofriante. Las consecuencias ya son evidentes en nuestra comunidad.
Se trata del abuelo que depende de Medicare Parte D para sus medicamentos y que ahora lo pensará dos veces antes de ir a buscar su nueva prescripción médica. Es el papá y la mamá que trabajan dos turnos cada uno para mantener a su hija quien está cobertura por CHIP (Children’s Health Insurance Program) y a su hijo adolescente quien está pidiendo la residencia permanente (green card). Simplemente, esta regla obliga a las familias a recortar sus suministros de alimentos y a dejar de llevar a sus niños al doctor. En este ambiente de incertidumbre, la confianza y fe en la policía se convierte en miedo, haciendo que nuestras comunidades sean menos seguras.
Los beneficios públicos como SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), Medicaid, y ayuda con la vivienda, no van a los que no lo merecen; todo lo contrario, son estos programas los que ayudan a que las familias lleguen a fin de mes mientras que trabajan por un salario mínimo. De acuerdo con investigaciones realizadas por el grupo “Feeding America,” el 54% de las familias que dependen de asistencia nutricional tienen por lo menos un miembro con empleo, y esta cifra sube al 71% si hay un niño presente en la casa. No deberíamos estar acosando a aquellas personas en Miami-Dade que solo están tratando de salir adelante, especialmente a los inmigrantes que, de acuerdo con los datos demográficos, cuentan con el mayor potencial de movilidad intergeneracional. Deberíamos darles una mano aumentándoles el salario mínimo para romper los ciclos de pobreza, no exacerbarlos con esta regla cruel de carga pública.
Nuestra comunidad se hace más fuerte cuando no apoyamos entre sí, cuando le damos a cada uno la misma oportunidad. Esta propuesta hace lo opuesto, aísla a las personas y lastima a los inmigrantes que simplemente quieren darles una mejor vida a sus hijos. Me opongo firmemente a esta normativa de carga pública y le pido al Departamento de Seguridad Nacional que alivie el miedo de nuestros vecinos manteniendo el compromiso de la política actual delineada en la Guía de Campo relativa a Deportación e Inadmisibilidad sobre las bases de Carga Pública.
